SE VENDE SERIE A 800.000 

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Article de la Junta ProDocs, publicat a l’Infoproa de dilluns 09 de novembre de 2020

Estos últimos días ha corrido como la pólvora un audio donde un directivo de una empresa maniobraba para intentar vender una serie documental a Televisión de Cataluña. No es propósito de este escrito entrar en la ética de estas acciones. Cada cual que saque sus propias conclusiones. Habrá quién encuentre lícito emplear la red de contactos políticos para colocar obras y quienes lo encontrará del todo inmoral. Lo que para nosotros es realmente relevante del audio, lo que pone de manifiesto, es el desamparo de la producción de documentales en Cataluña por parte de quien tiene que ser el principal motor: Televisión de Cataluña.

Durante años, las productoras de documental hemos querido creer el relato oficial que aseguraba que los criterios para poder producir documentales eran de carácter profesional, que había unos comités de expertos que evaluaban la calidad de los proyectos y su interés social y cultural. Y que si el dinero iban disminuyendo, año tras año, era por la falta de recursos de la televisión. Siguiendo este camino hemos desembocado en la situación actual. Este último año se han contratado documentales desde Televisión de Cataluña por valor de 178.500 euros. No es ningún error. 178.500 euros es toda la inversión en coproducciones de documentales y derechos de antena en el que llevamos de 2020.

Las cifras son sintomáticas: 20.000 euros por documental en la última comisión. 1.500 euros de derechos de antena por documentales ya acabados. Una tendencia a la baja que se arrastra desde hace diez años (desde el año 2011, en que se contrataron documentales por valor de 1.319.000 euros y cuando se dotaba con 60.000 la coproducción de largos documentales). Las consecuencias de este follón son evidentes: la práctica desaparición del documental catalán en la escena internacional.

Hacer documentales hoy, en nuestro país, no es rentable ni sostenible. Muchos compañeros y compañeras están declinando las ofertas de Televisión de Cataluña. Y quien las acepta lo hace más por criterios vocacionales que económicos.

Con estas cantidades, escuchar hablar de una compra de 800.000 euros da grima. No porque la cantidad sea muy elevada. De hecho, parece un justo precio por una serie de 8 capítulos. Este no es el problema. El problema es el contraste con el cual se paga al resto de productoras, y los canales poco transparentes a través de los cuales se hace, genera un agravio comparativo insoportable.

El problema es que si este dinero, que por lo que se ha visto existe o puede existir, se destinaran a una bolsa de dinero donde los profesionales de la casa pudieran elegir de una forma transparente los proyectos que en igualdad de condiciones podamos presentar los productores, podríamos empezar a hablar de una situación de mínimo futuro y esperanza.

El problema es que este relato oficial que nos habíamos creído ya no lo podemos creer ni soportar. Está claro que existen comités y que los profesionales de la casa eligen proyectos con criterios de calidades e interés social. Pero ante la carencia de recursos actuales, la solución ha sido dar cantidades míseras al máximo de documentales posibles para intentar, de este modo, llenar las máximas ventanas de difusión y figurar en el máximo de proyectos posible sin valorar su viabilidad.

Para los que nos seguimos esforzando y construyendo proyectos para conseguir sobrevivir de los restos de este naufragio, de las migajas que nos permiten hacer documentales en paupérrimas condiciones, que de repente se multiplique por cinco el coste de las producciones contratadas en una serie que entra por otros canales de dudosa ética y legalidad, hace agotar la paciencia de cualquiera.

No hemos visto la serie en cuestión, y por tanto desconocemos su interés y su calidad. Pero, sea como fuere, este no es el tema de fondo de este escrito. Su tesis es que hay que reformular el pacto para lograr un entendimiento de carácter profesional, de esencia cultural, de prioridad social, donde se dote la producción de documentales de una cantidad mínimamente digna con mecanismos transparentes y de igualdad de oportunidades. Solo así podremos volver a ser un país con obras documentales dignas, lo que quiere decir también ser un país más diverso, más justo, con memoria colectiva y con una visión crítica de la realidad.

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